Segundo argumento. Las grandes farmacéuticas sólo buscan beneficio económico.
Al contrario de lo que se quiere hacer pensar, los intereses de las grandes industrias farmacéuticas residen en obtener el mayor beneficio económico posible. La salud de las personas pasa a un segundo plano. Esto se refleja en el constante desarrollo de medicamentos que afectan a un porcentaje ínfimo de la población, mientras que las enfermedades que más muertes causan anualmente quedan en el olvido.
Ejemplo de ello es la vacuna contra el virus del papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello de útero. Un grupo de seis investigadores encabezado por Carlos Álvarez-Dardet, catedrático de salud pública en la Universidad de Alicante y director del Journal of Epidemiology and Community Health calcularon que la compra de estos remedios por parte del SNS (Sistema Nacional de Salud) ascendió a 4.000 millones de euros (465€ la vacuna). Teniendo en cuenta que este virus afecta a sólo 2 de cada 100.000 mujeres en edad de riesgo, prevenir una sola muerte costaría la friolera de ocho millones de euros. Todo ello en caso de que se demuestre que realmente previene el cáncer, puesto que todavía no existen evidencias científicas. La malaria, por su parte, afectó a más de 216 millones de personas solamente en 2010 según el Informe Mundial sobre la Malaria presentado por la OMS en 2011. Policy Cures también presentó un informe el mismo año en el que mostraba que, a pesar de la multiplicación de las inversiones, el dinero destinado a curar la malaria apenas llega a los 430 millones de euros.
Por otro lado, como indica el número de mayo de 2008 de la revista global de medicina PLoS Medicine, se da el caso del llamado “tráfico de enfermedades” (disease mongering), es decir, la venta de enfermedades a partir de la ampliación de las fronteras de lo patológico con el único objetivo de abrir el mercado para las empresas. El periodista australiano Ray Moynihan, que ahora trabaja en la Escuela de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Newcastle, Australia, señala que la industria farmacéutica gasta más del doble en promoción de su medicamento (un 25%) que en la propia investigación.
Para Pablo Alonso, doctor del departamento de Epidemiología Clínica y Salud Pública del hospital de Sant Pau y autor principal de un estudio sobre el disease mongering y la osteopenia publicado este año por el British Medical Journal, se han exagerado los riesgos de las enfermedades, se han subvalorado los efectos secundarios de los fármacos y se ha producido un sesgo continuo en las estadísticas.
El caso de Pfizer, una de las grandes farmacéuticas del mundo, resulta llamativo. A principio de los 90 se manipularon los ensayos clínicos sobre el Neurontin (medicamento para la epilepsia) según reveló un sumario judicial en los tribunales de Boston publicado por The New York Times. Según los datos, la multinacional pretendía extenderlo a otras indicaciones como el dolor neuropático derivado de la diabetes. Años más tarde la empresa fue multada con 430 millones de dólares por promover el uso ilegal de un fármaco.
La OMS, al igual que lo hace La Consejería madrileña de Sanidad a nivel español, se muestra tajante al respecto: hay que intervenir exigiendo a las grandes farmacéuticas que suavicen la promoción de sus fármacos o mediante una regulación minuciosa. Nuestra postura es semejante a la de la OMS: defendemos una mayor regulación en el mercado de los medicamentos para racionalizar la actitud de las multinacionales. El servicio público de las industrias farmacéuticas no debe olvidarse, ya que los países occidentales tienen una deuda moral con otros países con enfermedades endémicas que no se investigan al no ser rentables para las arcas de las multinacionales. Además, al no regularse las acciones de estas empresas, los derechos humanos quedan en entredicho. Como hemos visto en el caso de Pfizer, es inaceptable que los efectos secundarios de los fármacos se minusvaloren, ya que está en juego la salud de millones de personas. Con una regulación adecuada, estas farmacéuticas quedarían subordinadas bajo el poder de una ley que defienda adecuadamente al consumidor y que no deje que el mercado, en pos de incrementar el beneficio, atente contra derechos inalienables y básicos como el de la salud, el bienestar y la asistencia médica.
Tercer argumento. Las farmacéuticas se aprovechan del bajo nivel de alfabetización en los países subdesarrollados.
La legislación europea establece que un medicamento ha de cumplimentar una serie de ensayos clínicos para que sea posible su comercialización. Estos requisitos se dividen en tres fases. La primera (Fase I) consta de una ronda de pruebas en voluntarios sanos para garantizar su seguridad, lo cual no resulta dificultoso para empresas de gran magnitud. La segunda (Fase II) consiste en un estudio minucioso de las dosis y la eficacia de ellas en un grupo reducido de pacientes, algo que también se antoja asequible para las multinacionales. Sin embargo, el problema data en la Fase III, consistente en un ensayo a gran escala que requiere la participación de miles de voluntarios y pacientes dispuestos a arriesgar su salud. Como desvela un estudio del Tufts Center for the Study of Drug Development estadounidense, menos del 5% de los enfermos de países occidentales es proclive a participar y arriesgar su cuerpo en favor de la ciencia, y mucho menos con la celeridad que desean los laboratorios patrocinadores.
¿La solución? Recurrir a países de bajo nivel cultural donde puedan realizar todo tipo de pruebas sin apenas restricciones. En 1996, la empresa Pfizer, mundialmente conocida por inventar la Viagra, trasladó a Nigeria un grupo de médicos que se apostó junto al campamento de médicos sin fronteras e intentó detener la tragedia de meningitis (acabó con la vida de más de 11.000 personas) con unos medicamentos científicamente probados. Los facultativos enviados por la multinacional captaron hasta 200 niños, de los cuales 11 murieron y otros muchos sufrieron graves efectos secundarios, daños cerebrales incluidos. Pese a que los tratamientos contaron con el apoyo de los padres, el proceso puede entenderse fácilmente al observar los datos que publica periódicamente The World Factbook, el Centro de Inteligencia de la CIA, los cuales sitúan a Nigeria a la cola de la educación mundial con un 32% de analfabetiación
De la misma manera, en 2008 murieron hasta 49 bebés indios por fallos respiratorios originados por ensayos clínicos. Los medicamentos, Valsartan y Olmesartan, producidos por las farmacéuticas Novartis y Daiichi Sankyo respectivamente, estaban especialmente proscritos para mayores de 18 años, y en las contraindicaciones se advertía de manera clara que no debían usarse bajo ningún concepto en personas menores de esas edad. Para más inri, se demostró que estos productos ya tienen su genérico en la India y, por tanto, no podían ser patentados. Como señala Chandra Gulhati, experta del sector farmacéutico, las razones de tales acciones responden a motivos económicos (resultan mucho más baratos los ensayos en la nación india que en casi cualquier otra parte del mundo) y culturales. Y es que el nivel de alfabetización de la India es ínfimo (aproximadamente un 39%, lo cual supone un 34% de la población mundial según los últimos datos de The World Factbook). “Cuando los padres son analfabetos el médico les lee en voz alta el tratamiento”, asegura Gulhati al ser preguntada al ser preguntada sobre la información que recibieron los padres de las víctimas.
Conclusión: no se debe utilizar a los países subdesarrollados para realizar ensayos clínicos de medicamentos. Es una cuestión ética que puede derivar en materia legal si se lleva al extremo. Como también apunta la Organización Mundial de la Salud en sus estamentos, se debe exigir en todo momento a las empresas farmacéuticas que informen puntualmente de cada uno de los estudios que se están realizando, así como de la financiación de éstos con el fin de lograr una transparencia absoluta. De igual manera opina Teresa Ruiz Cantero, investigadora del departamento de salud pública de la Universidad de Alicante, que ha estudiado las estrategias de comunicación de los laboratorios. De este modo se podrán evitar casos como los de Nigeria y China, de los que los máximos organismos reguladores a nivel internacional no tenían constancia.
Cuarto argumento. El Tratado de Roma exige la eliminación de trabas y restricciones, pero no impone el libre mercado.
Como se sabe, el Tratado de Roma, en los artículos comprendidos entre el 30 y el 36, promulga que no debe ponerse ningún tipo de trabas o restricciones en la comercialización de productos farmacéuticos con el fin de favorecer la libre circulación de mercancías. Eso sí, con una excepción: razones de moralidad pública, seguridad pública y protección de la salud y la vida, que son los puntos que hemos ido defendiendo a lo largo del trabajo.
Por otro lado, la Comisión Europea reitera la necesidad de crear un mercado interior, de manera que la libre circulación de medicamentos se transforme en el fin general de los estados y los objetivos de expansión económica y salud pública se conviertan en comunes para todos los estados. Para ello se toman una serie de medidas, como la igualación entre productos importados y exportados tanto en la posibilidad de comercio como en el coste. Es preciso recordar que la Comisión pretende suprimir todo tipo de obstáculos y fronteras injustificados.
A modo de resumen, se podría concluir que la Comisión anhela la consecución de un mercado interior en el que se pongan en marcha nuevas políticas en beneficio del interés general y se promueva, asimismo, el libre intercambio. Pero estos privilegios no se encuentran exentos de reglamentación. La producción debe adaptarse a las necesidades de los consumidores, de modo que exista un perfecto equilibrio entre oferta y demanda y tanto el comprador como el vendedor se encuentren resguardados, protegidos y amparados por la ley. De lograrse este objetivo, la Comunidad Europea vería aumentada su competitividad, además de alcanzar una cohesión social y un reconocimiento mutuo esencial para el desarrollo farmacéutico y sanitario.
Como vemos, pues, existen grandes diferencias entre lo que proclaman los convenios europeos e internacionales y la liberalización absoluta de mercado.
